Un año de prisión para un letrado por quedarse 97.000€ de clientes

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La Audiencia de Alicante ha impuesto un año de cárcel a un abogado por un delito de apropiación indebida tras declarar probado que se quedó con 97.000 euros pertenecientes a la indemnización que el Ayuntamiento de Calpe, en esta provincia, había abonado a sus clientes.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, inhabilita también al acusado para ejercer de letrado durante un año y le impone una multa de 1.800 euros.

Los hechos se remontan al mes de junio de 1997, cuando la comunidad de propietarios de la urbanización Voramar contrató al acusado para que le representara en dos procedimientos judiciales contra el consistorio.

Esos procesos pasaron por el y, finalmente, por el Tribunal Supremo, y requirieron una compleja y prolija tramitación, tal y como recoge el fallo deTribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la sección primera de la Audiencia alicantina.

En ambos casos, los jueces resolvieron las demandas a favor de los propietarios de los inmuebles, que percibieron un total de 494.762 euros, un importe en el que se incluían los intereses.

Una vez expedido el correspondiente mandamiento de pago, en enero de 2013, el acusado, “guiado por el deseo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, hizo suyos 97.000 euros en concepto de honorarios profesionales por los servicios prestados”, según ha dictaminado la Audiencia.

El tribunal recuerda que la jurisprudencia “niega el derecho de retención de los abogados por razón de sus honorarios” de forma unilateral, a espaldas de los clientes.

En este caso, según la sala, esa autorización no fue otorgada durante la reunión celebrada en febrero de 2013 en el despacho del procesado con los responsables de la comunidad, tal y como declararon en el juicio el presidente y el vicepresidente de ésta.

Al contrario, el profesional retuvo “de forma indebida” los 97.000 euros mencionados de la indemnización que debía entregar a sus clientes, según el fallo.

En cualquier caso, los magistrados se decantan por imponerle la pena mínima por cuanto que su acción fue “esporádica” y cometió el delito en el marco de un procedimiento “donde realizó un trabajo impecable, arduo y costoso, que se prolongó en el tiempo”.

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